
Las empresas petroleras en la zona tienden a avasallar al criollo y, con mayor razón, a las comunidades aborígenes", afirma el abogado Carlos Iriarte, que patrocina a afectados. "Avasallan, en principio, porque no existe, aparentemente, la seguridad del dominio del particular -que en algunos son poseedores y en otros son titulares de la tierra-, pero la ley [nacional de Hidrocarburos] no discrimina entre propietarios y poseedores, inclusive habla de simples superficiarios o tenedores de la tierra".
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