La presidenta Cristina Fernández firmó el pasado 5 de julio un decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual y constituye un duro golpe contra la discriminación de género. La publicidad de oferta sexual, según se desprende de los fundamentos del decreto, contribuye a denigrar la condición femenina y afirma la idea de la mujer como un mero objeto de consumo.
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