La desaceleración supone menor producto e ingreso y por la tanto, agudiza la disputa por su apropiación. Eso explica la presión patronal y de la política económica por intentar frenar la demanda de mejores ingresos de los trabajadores empleados y los perceptores de planes sociales. Además, la inflación contribuyó a deteriorar la capacidad de compra del ingreso de la mayoría de la población. El resultado es un crecimiento de la conflictividad laboral y territorial, puesta de manifiesto en grandes movilizaciones sobre el final del año, especialmente el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, en sendas convocatorias de un amplio espectro sindical liderado por la “unidad de acción” de la CTA y la CGT.
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