Indignados confirmamos que otro gobierno provincial, en este caso de La Rioja, se subordina a los devastadores intereses de la minería contaminante. Y lo hace con el último recurso que les queda, que es usar la fuerza física contra vecinos que defienden el patrimonio común. Nos referimos a los bienes comunes de riojanos y argentinos: las cuencas, la salud, la productividad sana y abundante (no los agronegocios) a largo plazo.
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